Desde su llegada al poder, Donald Trump ha dedicado todos sus esfuerzos a destruir el legado de Barack Obama. En total, más de 25 directivas del otrora presidente han sido derogadas. Además de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Trump ha revertido las restricciones para expandir la explotación de gas y petróleo en los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico, y regulaciones que buscaban mejorar la disparidad de salarios con base al género o la raza de los empleados, limitar los gases de efecto invernadero que emiten las plantas de energía, mitigar la contaminación en ríos y vías navegables; etc. De todas estas medidas adoptadas por el actual presidente de Estados Unidos, dos son de particular relevancia en este momento.
En primer lugar, tenemos la decisión de derogar una medida adoptada por Obama para mejorar la planificación y capacidad de respuesta de ciudades y pueblos estadounidenses ante el cambio climático. La regulación en cuestión estaba dirigida a aquellas áreas propensas a ser afectadas por el aumento del nivel del mar o el incremento de precipitaciones, y buscaba garantizar que todo nuevo puente, carretera y pieza de infraestructura crítica, fuese construida de manera tal que quedase lo más protegida posible de las inclemencias del clima.
La derogación de dicha orden ejecutiva ha cobrado particular relevancia a la luz de la devastación causada por el huracán Harvey en los estados de Texas y Luisiana en los últimos días. Las cantidades masivas de lluvia, más de 100 trillones de litros de agua, generaron inundaciones sin precedentes, sumergiendo casi toda la ciudad de Houston, la cuarta más poblada del país, bajo más de un metro de agua. Con daños materiales que superan los 200 mil millones de dólares, este pudiera ser uno de los desastres naturales más costosos de la historia de Estados Unidos. Aunque la regulación emitida por Obama fuese demasiado reciente como para tener ningún impacto en este caso, el huracán Harvey demuestra claramente la necesidad de considerar el impacto del cambio climático cuando de infraestructura se trata.
Aún más grave es la derogación de la orden ejecutiva de la era Obama que protegía a ochocientos mil jóvenes inmigrantes sin estatus legal, en su mayoría de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de ser deportados a sus países de origen. Estamos hablando de muchachos y muchachas que llegaron a Estados Unidos cuando eran apenas niños y niñas, algunos incluso recién nacidos, que han vivido, estudiado y trabajado en ese país durante años, y que de repente se enfrentan a la amenaza inminente de ser expulsados. Algunos tendrían que abandonar el país tan pronto como marzo de 2018, los demás seguirían más adelante, hasta que no quedase ya ninguno para 2020.
El Congreso estadounidense podría adoptar una ley que otorgase estatus legal a estos 800 mil jóvenes o que atendiese la situación de todos los 11 millones de inmigrantes que no gozan de estatus legal, pero las probabilidades no son muy altas. En los últimos veinte años, en mejores condiciones, al menos dos proyectos de ley sobre inmigración han sucumbido en una de las dos cámaras del Congreso. Ahora que los republicanos –tradicionalmente hostiles a los inmigrantes sin estatus legal– ocupan la presidencia, y poseen mayorías en el Senado y la cámara de representantes, pareciera virtualmente imposible alcanzar una solución al problema de estos 800 mil jóvenes, mucho menos al problema migratorio de manera integral.
No obstante, viejos legisladores republicanos pudieran tener una macabra propuesta en sus manos: permitir a estos jóvenes inmigrantes permanecer en el país por un tiempo indeterminado, a cambio de que los demócratas acepten construir una muralla en la frontera entre Estados Unidos y México, iniciativa que viene siendo bloqueada desde hace semanas.
Los demócratas, en general, parecieran sentir mayor empatía por el destino de estos 800 mil jóvenes que se encuentran nuevamente en un limbo legal, pero su prioridad siempre ha sido una reforma migratoria integral que garantice la estabilidad de los 11 millones de inmigrantes sin estatus legal que actualmente viven en el país. Si se tratase de un proyecto de ley que garantizase el porvenir de esos 11 millones a cambio de la muralla, pudiera –quizás– llegarse a algo concreto. ¿Pero cuáles son las posibilidades de que un debate de más de veinte años se resuelva en los próximos seis meses? Mientras tanto, el destino de 800 mil personas pende de un hilo.
Estos son apenas dos ejemplos concretos de los daños irreparables que Trump y sus seguidores están causando en su afán por desmantelar acelerada e irresponsablemente las órdenes ejecutivas emitidas durante el mandato de Barack Obama.
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