Después de una pausa de cuatro años impuesta por las directrices del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha vuelto a la mesa de discusiones sobre el cambio climático y a la acción multilateral para frenar el calentamiento global.
El 27 de enero, el presidente Joe Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas que pone a EU de nuevo en la cancha, convirtiendo el cambio climático en un tema central de política exterior y seguridad nacional, además de comprometerse a que su sector energético esté libre de carbono para 2035.
Asimismo, puso en pausa el otorgamiento de nuevas concesiones para la explotación de hidrocarburos en áreas federales, al tiempo que ordenó eliminar todo subsidio a combustibles fósiles que no esté en la ley e iniciar el camino para producir el doble de energía eólica en 2030.
Una semana antes, en el marco de su toma de posesión, el mandatario envió una carta a la ONU para solicitar la reincorporación de su país al Acuerdo de París, reconociendo “cada uno de los artículos y cláusulas” de ese convenio.
Este resurgimiento de Washington como actor clave contra el cambio climático entraña un reto para México, que, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha alejado en los hechos de esa agenda y marcha en sentido contrario de la tendencia de desarrollar energías limpias.
No pasará mucho tiempo antes de que comience a ser evidente el divorcio que existe entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y el de México en materia energética y ambiental.
Cinco días antes de la salida de Trump de la Casa Blanca, tres miembros de su gabinete –los secretarios de Estado, Comercio y Energía– habían dirigido una carta al presidente López Obrador para manifestar su inconformidad con el favoritismo hacia las empresas públicas Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad respecto de compañías estadunidenses que han invertido miles de millones de dólares en México desde que este país abrió su sector energético.
La queja tenía que ver, sobre todo, con asuntos de competencia económica, pero las decisiones que el gobierno mexicano ha tomado en la materia –reiteradas ahora en la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica– también han dado preferencia a los combustibles fósiles sobre las fuentes de energía renovables.
Es previsible que la inconformidad de Estados Unidos sobre la inseguridad jurídica y el deterioro del clima de negocios en México se mantenga pese al cambio de gobierno (demócratas y republicanos no discuten a la hora de defender los intereses económicos de su país). Pero ahora, además, México también estará bajo la lupa de la Casa Blanca y el Congreso estadunidense –dominado por los demócratas– por sus políticas ambientales, pues no será cómodo para Washington que su principal socio comercial sea visto como un paria climático, que no duda en quemar carbón para generar electricidad mientras buena parte del mundo avanza hacia la adopción de energías limpias.
En las primeras tres semanas del gobierno de Biden, la política exterior estadunidense no ha mostrado timidez. El secretario de Estado, Antony Blinken –quien se formó al lado del hoy Presidente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado–, ha confirmado su fama de duro. Así que no hay por qué esperar consideraciones especiales en temas que importan a Estados Unidos como son los derechos humanos y el medioambiente.
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