La imputación judicial del expresidente de EE UU abre un precedente histórico y acaba con su aura de impunidad, a riesgo de desgarrar al país
La Fiscalía de Manhattan decidió el jueves imputar al expresidente Donald Trump por delitos relacionados con un caso de falsedad contable y de violación de las leyes electorales. Es la primera vez en dos siglos y medio de democracia en EE UU que un expresidente se enfrenta a la justicia penal. El terremoto judicial y político marca un antes y un después en la relación del país con sus instituciones, amenaza con disparar la polarización del país y tendrá consecuencias en las elecciones de 2024, a las que Trump quiere presentarse.
El caso se remonta a 2018 y ha sido reactivado por el fiscal demócrata Alvin Bragg, elegido en las urnas en 2021. Se trata del pago de 130.000 dólares a la actriz Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de callar las supuestas relaciones sexuales que mantuvo con Trump. El pago lo hizo el abogado del magnate al final de la campaña electoral de 2016 para evitar el escándalo, y fue reembolsado por el candidato. Las líneas de imputación son dos: falsedad contable por enmascarar el pago, y se investiga también si el pago es una donación ilegal a la campaña, pues pretendía influir en el resultado. Esta circunstancia convierte una cuestión menor en un delito grave. Pero también es la parte más arriesgada de probar, ya que no hay precedentes parecidos. El debate jurídico es intenso sobre la solidez del caso y hay razones para el escepticismo. El riesgo de que Trump pudiera ser exonerado y la Fiscalía humillada no es menor.
Trump calificó la acción de Bragg como “persecución política” e “interferencia electoral”. Según su entorno, cree que la imputación le viene bien porque le devuelve notoriedad y el victimismo se puede exprimir financiera y electoralmente. Sin duda, la reactivación del culto a Trump es un riesgo político colateral. Nada le impide seguir con su campaña desde el banquillo, incluso desde la cárcel. El Partido Republicano se ha solidarizado con él, revirtiendo el lento distanciamiento reciente. Lo que resulta muy grave: la fuerza que puede ser la alternativa en Estados Unidos sigue secuestrada por el trumpismo y lo que este significa.
Al caso del fiscal Bragg le quedan varias etapas, principalmente convencer a un juez de que admita la causa y lograr una condena. Pero por el momento ha logrado romper el aura de impunidad que rodea a un hombre que ha eludido la acción de la justicia durante cuatro décadas de negocios turbios y abierto desprecio por la ley. Apenas se pueden vislumbrar todas las ramificaciones de la imputación de Trump y la forma en que puede transformar EE UU.
El precedente puede afectar a todos los futuros presidentes: igual que hay fiscales demócratas, los hay republicanos. Ha quedado dañada la relación casi reverencial que el país tiene con sus presidentes. Pero no es el fiscal Bragg el responsable de la voladura de las normas no escritas. Trump sometió las instituciones y tradiciones estadounidenses a su voluntad, y colocó al país ante el abismo de un golpe de Estado.
Los precedentes ya estaban rotos. Verlo ante la justicia es una satisfacción. Tras el caos y el atropello institucional, es la hora de la ley, sin miedo a sus consecuencias.
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