El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió ayer en la capital de Guatemala con el presidente de ese país, Bernardo Arévalo, con el propósito de analizar la gestión de la migración hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y otros asuntos. Es pertinente enumerar algunos de los elementos de contexto de este encuentro.
Por principio de cuentas, Washington ha venido ejerciendo una creciente presión diplomática sobre las naciones situadas al sur del río Bravo para que adopten medidas orientadas a frenar o reducir el flujo de personas que trata de llegar a territorio estadounidense, la gran mayoría de ellas, para escapar de condiciones de pobreza, inseguridad y violencia.
Aunque con distintos estilos, estas presiones vienen de tiempo atrás, alcanzaron un nivel de delirio xenofóbico durante la administración de Donald Trump (2017-2021) y, aunque atenuadas, persisten en la de Joe Biden. Éste, a su vez, se encuentra sometido al golpeteo de los sectores de derecha y ultraderecha que, por ideología o burdo cálculo electoral, pretenden atribuir a los extranjeros todos los males de su país y exigen, en consecuencia, mayor firmeza del gobierno federal para detener a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Como parte de este golpeteo, los integrantes de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes votaron por someter a juicio político al propio Mayorkas por no hacer lo suficiente, según ellos, para detener la migración.
Paradójicamente, el gobierno mexicano planteó desde el inicio del actual sexenio la solución que Arévalo y Mayorkas se afanan en encontrar, y la ha venido poniendo en práctica desde hace más de dos años, con resultados exitosos, en Honduras y El Salvador, y desde principios del año pasado, en la propia Guatemala: la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) estableció en esos países versiones de los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, con decenas de miles de beneficiarios; quienes de entre ellos habían pensado en emigrar a Estados Unidos desistieron en su gran mayoría de esa idea y optaron por permanecer en sus países de origen.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha esgrimido con insistencia las buenas cifras de esos programas para pedir a las autoridades estadunidenses que contribuyan a financiarlos en naciones como las mencionadas, en las cuales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se han aplicado, hasta ahora, con fondos exclusivamente mexicanos. Sin embargo, Washington ha hecho poco o ningún caso a la propuesta y se ha empecinado en mantener su ayuda en la receta tradicional de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la cual no está enfocada en crear condiciones de bienestar para que la gente deje de emigrar sino en financiar a empresas, dependencias oficiales y organismos no gubernamentales, para que se hagan cargo de administrar los fondos. De esa manera, en lugar de impulsar mejores condiciones de vida para quienes viven en la pobreza, la marginación y el desempleo, se fomentan la corrupción, la opacidad y la proliferación de membretes no lucrativos en cuyas nóminas y gastos administrativos se aplica la mayor parte de los recursos.
Es tiempo de poner sobre la mesa el hecho innegable de que la migración no es el problema, sino su expresión; que los motores de la expulsión demográfica son la falta de horizonte de campesinos, jóvenes y grupos vulnerables, y emprender una colaboración regional que permita, sí, reducir el flujo migratorio, pero sobre todo que contribuya a cimentar una vida digna para los millones que no la tienen.
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