On the eve of the 20th anniversary of the signing of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the Mexican ambassador to the United States, Eduardo Medina Mora, predicted that our government, together with those of Washington and Ottawa, will look to further a new strategic vision of this trade instrument during the leaders’ summit that will take place in February.
For his part, the President of the Business Coordinating Council, Gerardo Gutiérrez Candiani, said that at this juncture it is appropriate to rethink and re-launch NAFTA, which has entered into a phase of relative stagnation.
The insistence of the authorities and private sector on the need to reformulate NAFTA requires recollection of its inequitable character and its contrary nature to the interests of this nation that has had this agreement since its origins, which at the time constituted an illusion of momentum for our country. Over the past two decades, by contrast, this multilateral trade agreement has had serious consequences in Mexico for major sectors, has caused profound damage to various branches of the national economy — such as the agricultural and industrial sectors — and has weakened the market and the domestic economy. All of these changes have been a consequence of the unfair terms Mexico has subscribed to — the submission of our country to a deep process of integration of inequality — as well as the irregular compliance with the instrument in Washington that has maintained subsidies in its agricultural sector and has tolerated and promoted unfair trade practices.
In macroeconomic terms, the figures are compelling. At the time of the signing of NAFTA, Mexico’s trade balance with the outside showed a surplus of more than $500 million; that same balance showed a deficit of more than $2 billion in the first half of the year. In these 20 years, grain and oilseed imports increased from 8.8 million tons in 1993 to 29.26 million tons in 2012, destroying a significant part of the productive infrastructure, increasing agricultural unemployment and deepening abandonment of rural environments.
Socially, the promise that NAFTA would accelerate the entry of Mexico into the First World is belied by data recently published in a World Bank report, according to which the proportion of Mexicans in poverty compared to the total population is now as high as it was two decades ago: 52 people in every 100.
Under the current circumstances, and given the correlation of political forces and the ideology of those in power, it is expected that the announced re-launch of NAFTA, if implemented, would lead to an underpinning of vices and would create harmful potential arising from that instrument. Suppose, for example, that the opening of the energy sector of our country were incorporated, derived from the recent approved and promulgated constitutional reform.
Overall, it is relevant and necessary to insist that overcoming the social and economic backwardness of the country requires that the government initiate a profound reformulation of that instrument, which would correct the enormous structural deficiencies within it: Mexico’s economic dependency on its neighboring countries, the abandonment of agricultural environments — with the corresponding sustained loss of food sovereignty, the destruction of the social fabric of the community and the painful migration from farmland — the dismantling of the national industry, accompanied by unjustifiable wage restraints and the cheaper domestic work in order to benefit transnational capital.
El espejismo del TLCAN
En vísperas de que se cumplan 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, anticipó que el gobierno de nuestro país, junto con los de Washington y Ottawa, buscará avanzar en una nueva visión estratégica de ese instrumento comercial durante la cumbre de líderes a realizarse en febrero próximo.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que en la coyuntura actual es oportuno replantear y relanzar el TLCAN, el cualha entrado a una fase de relativo estancamiento.
La insistencia de las autoridades y de la iniciativa privada en la necesidad de reformular el TLCAN obliga a recordar el carácter inequitativo y contrario a los intereses de la nación que tuvo desde sus orígenes ese convenio, el cual constituyó en su momento un espejismo de impulso para nuestro país. Por el contrario, a lo largo de estas dos décadas ese acuerdo comercial tripartito ha tenido gravísimas consecuencias en México para los sectores mayoritarios, ha causado un profundo daño en diversos ramos de la economía nacional –como el sector agrícola y el industrial– y ha debilitado el mercado y la economía internos, a consecuencia de los términos inequitativos en que fue suscrito –el sometimiento de nuestro país a un proceso integracionista profundamente desigual– así como por el cumplimiento irregular de ese instrumento del gobierno de Washington, el cual ha mantenido los subsidios a su sector agrícola y ha tolerado e impulsado prácticas comerciales desleales.
En términos macroeconómicos las cifras son contundentes. Al momento de la firma del TLCAN, la balanza comercial de México con el exterior registraba un superávit de más de 500 millones de dólares; ese mismo balance acusaba un déficit de más de 2 mil millones de dólares al primer semestre de este año. En estos 20 años, las importaciones de granos y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas en 1993 a 29.26 millones en 2012, lo que ha destruido una parte significativa de la infraestructura productiva, ha multiplicado el desempleo agrícola y ha profundizado el abandono de los entornos rurales.
En lo social, la promesa de que el TLCAN aceleraría el ingreso de México al primer mundo se ve desmentida por datos como los recientemente publicados en un reporte del Banco Mundial, según el cual la proporción de mexicanos en pobreza respecto del total de la población es ahora tan alta como hace dos décadas: 52 habitantes de cada 100.
En una circunstancia como la actual, y habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la ideología del grupo en el poder, es previsible que el anunciado relanzamiento del TLCAN, en caso de concretarse, derivaría en un apuntalamiento de los vicios y del potencial nocivo de ese instrumento. Es de suponer, por ejemplo, que se incorpore a él la apertura del sector energético de nuestro país, derivada de la reforma constitucional recientemente aprobada y promulgada.
Con todo, es pertinente y necesario insistir en que la superación de los rezagos sociales y económicos del país requiere de este gobierno una reformulación profunda de ese instrumento, que corrija las enormes deficiencias estructurales del mismo: la dependencia económica de México respecto a la nación vecina; el abandono de los entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado de contenciones salariales injustificables, y el abaratamiento de la mano de obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales.
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