Democracy and Partyocracy

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¡Qué espectáculo democrático impensable en Europa, quizás con la excepción de Reino Unido, el que ofreció al mundo la democracia americana con motivo del debate parlamentario y posterior votación en el Congreso de la ley de reforma del sistema sanitario estadounidense, el proyecto estrella de política interior del presidente Barack Obama! Democracia parlamentaria en acción al otro lado del Atlántico frente a la partitocracia imperante en esta orilla. Cuerpos legislativos vibrantes en el Capitolio de Washington frente a clubes de robots en las capitales europeas, cuyos miembros no actúan de acuerdo con los intereses de sus votantes, sino que responden a las rígidas instrucciones de sus respectivos partidos, que acatan sin rechistar no sea que, si se mueven, no salgan en la próxima lista electoral.

Desde que la Cámara de Representantes aprobara el primer borrador del proyecto, el presidente de Estados Unidos ha trabajado mañana, tarde y noche para conseguir el apoyo de congresistas y senadores a su reforma. Ha tratado de que una ley considerada histórica contara con el apoyo de republicanos y demócratas. El rechazo frontal republicano a sus planes, respaldado por unas encuestas según las cuales el 53% de la población se oponía a la aprobación de la legislación, hizo que Obama cambiara de táctica y dedicara esfuerzos y persuasión, de los que anda sobrado, a convencer no ya a los republicanos, sino a los legisladores demócratas de su propio partido. No ha escatimado esfuerzos para conseguir que los suyos -repito: los suyos- le apoyen, desde la promesa de prebendas para sus distritos electorales en el caso de los congresistas o para sus Estados en el de los senadores, hasta la presión dirigida a los obstinados.

¿Se imagina alguien al presidente Zapatero, o a cualquier primer ministro europeo, buscando uno a uno el voto de sus diputados para la aprobación de un determinado proyecto de ley? Es la diferencia entre democracia y partitocracia, entre el gobierno del pueblo y el de los partidos. Ya sabemos que Estados Unidos es un régimen presidencialista y no parlamentario. Pero eso no obsta para que algunos consideremos el sistema americano más auténtico y representativo, más cercano a los ciudadanos, que son, al fin y al cabo, los que, a través de primarias, eligen a los representantes de sus partidos en las asambleas estatales y en el Congreso de Washington. Y lo admirable en el caso que nos ocupa es que Obama, al final, ha conseguido aprobar una reforma en la que fracasaron la mayoría de sus antecesores republicanos y demócratas desde Theodore Roosevelt hace ahora 100 años hasta Bill Clinton en 1993, pero con sólo siete votos de diferencia (219-212). Sus ímprobos esfuerzos no han podido evitar que 34 congresistas demócratas, representantes de distritos electorales conservadores, se unieran a los republicanos en el rechazo a una ley que sus electores consideran una intromisión intolerable del Gobierno federal en sus vidas privadas.

Los padres fundadores hicieron todo lo posible para insertar dos principios fundamentales en la construcción de la arquitectura constitucional americana. Un sistema bipartidista que, a través de la protección de las minorías, impidiera el monopolio del poder por parte de un solo partido. Nada que se pareciera al sistema parlamentario británico. Y un sistema de controles y equilibrios, los famosos checks and balances, de los que John Adams, sucesor de George Washington en la presidencia, contaba hasta 18, para evitar que uno de los tres poderes dominara a los otros dos. Y en esa tradición siguen inmersos después de más de 200 años de vigencia de la Constitución de 1787. Pero la ley de reforma sanitaria demuestra que la discusión constitucional sigue vigente dos siglos después de promulgada la Carta Magna. Parece como si las interminables polémicas entre Thomas Jefferson, defensor de los derechos de los Estados, y Alexander Hamilton, favorable a un Gobierno federal fuerte, hayan vuelto a plantearse en el siglo XXI.

Hasta ayer, 14 fiscales generales de 14 Estados desde Florida hasta Arizona habían anunciado la interposición de querellas contra el Gobierno federal por intromisión en la libertad de los Estados y en la de los individuos al imponer, entre otras cosas, la obligatoriedad de contar con un seguro médico. Invocan la X Enmienda de la Constitución, que delega en los Estados todas las cuestiones no incluidas específicamente en la Carta Magna. Los expertos constitucionalistas creen que estas medidas constituyen un brindis al sol y no conseguirán su propósito. Desde que Obama convirtió con su firma el proyecto en ley, the law of the land, la legislación federal tiene preeminencia sobre la de los Estados. Pero pueden conseguir mantener la tensión hasta las legislativas del próximo noviembre y causar más de un disgusto a las aspiraciones demócratas para las dos Cámaras de Washington.