Muchos de los males que azotan a nuestros países tienen su origen en ancestrales rezagos, no solo difíciles de superar, sino que encuentran su principal valladar en los sucesivos gobiernos que han sido incapaces de formular políticas congruentes, visionarias y creíbles para que los sectores más reacios contribuyan a consolidar una ruta hacia el progreso, que no solo debería haberse iniciado hace muchas décadas, sino que ha sido la principal causa de que ocupemos las últimas posiciones en los índices de desarrollo.
Por si no fueran pocas nuestras penurias, a estas se suma una que en las últimas décadas ha acrecentado su amenaza, que vulnera a grandes sectores sociales y que es a la vez un enorme desafío para varias democracias continentales, como lo es el avance del narcotráfico, que corrompe no solo a ciudadanos, sino que a muchos políticos y funcionarios inescrupulosos que han puesto en riesgo la solvencia del país a cambio de unas cuantas monedas que nada les garantizan.
Pero lo que sí es cierto es que esta es una de las más recientes lacras que no tiene sus raíces en nuestro suelo. Guatemala simplemente ha sido uno de los eslabones por donde transitan millonarias dosis que tienen una fuerte demanda, principalmente en Estados Unidos, y que es el principal origen de un drama que preocupa a millones de personas y a algunos gobernantes que ven en ello una fuente de problemas que puede ser mayor y a la vez incontrolable.
Esta reflexión se torna oportuna a raíz del más reciente informe de la estadounidense Administración de Servicios Mentales y de Abuso de Sustancias, el cual revela que el consumo de estupefacientes ilegales aumentó en el 2009 en ese país hasta el 8.7 por ciento, el nivel más alto en casi una década, según una encuesta sobre el uso de drogas y salud basada en entrevistas a unas 67 mil 500 personas. Se trata del mayor nivel desde que la encuesta empezó en el 2002, y por delante todavía del 2006, ya que en ambos años el porcentaje se situó en un 8.3 por ciento.
Lo más alarmante de esa abrumadora demanda es que al día siguiente de que se conocieran esos datos, la Casa Blanca emitió otro informe en el que colocaba a Guatemala, junto a otros 13 países de Latinoamérica, como productores o puentes del tráfico de drogas, un señalamiento que ese país hace cada año para calificar a las naciones que de una u otra manera participan en la elaboración o tráfico de estupefacientes, pero nada se dice de los grandes consumidores, que son los principales responsables del florecimiento de ese mercado.
Pocos son los gobiernos que se atreven a ripostar esos informes y mucho menos tienen la posibilidad de hacer señalamientos semejantes. Por ello es oportuno recordar algo que dijo recientemente un experto: nos saldría mucho más cómodo a los latinoamericanos conformar un fondo de cooperación para dotar a EE. UU. de un Plan Mérida que contribuya a reducir sensiblemente el consumo de drogas, para terminar con una problemática que no solo nos era ajena, sino que ahora requiere de esfuerzos multinacionales para su combate.
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