En apenas pocas semanas dos sedes diplomáticas norteamericanas en China han abierto sus puertas, han acogido provisionalmente y posteriormente devuelto a la calle a dos ciudadanos chinos que buscaban en ellas protección. El primer caso del superpolicía de Chongqing, Wang Lijun, ha desencadenado un auténtico terremoto político de consecuencias todavía incalculables justo en el epicentro del proceso sucesorio en el liderazgo, con la caída de Bo Xilai y el descrédito general que han provocado las revelaciones de crímenes y corruptelas. El caso actual del abogado ciego Chen Guangcheng, activista de base en defensa de derechos civiles ante abusos de las autoridades locales de una región rural de Shandong, revela hasta qué punto lo que parece ser una decisión singular de un sujeto precario y maltratado puede llegar a poner en un brete a las relaciones chino-americanas. Esta huida se produce en un contexto crítico para unos y otros. Está teniendo un desarrollo confuso y ambiguo, en el que las autoridades norteamericanas parecen moverse entre el cinismo y la ingenuidad.
La huida del abogado Chen pone de relieve hasta qué punto la agenda económica y geoestratégica que sustenta las relaciones chino-americanas pasa de largo ante temas espinosos como los derechos humanos. Los miembros del Gobierno de Estados Unidos Hillary Clinton y Timothy Geither han acudido a Pekín para hablar con sus homólogos chinos de grandes temas: de la amenaza nuclear norcoreana y del diálogo económico estratégico, pero al llegar se han encontrado en su propia Embajada con un huésped inesperado: un humilde abogado ciego y con la pierna fracturada al intentar escapar de la casa en la que se le retiene desde hace dos años sin cargo alguno. El caso del abogado Chen presenta repercusiones internas (puede representar la excusa que les faltaba a Hu Jintao y Wen Jiabao para desplazar del poder al principal apoyo de Bo Xilai en el Politburó: el responsable de seguridad Zhou Yangkang) pero tiene también una evidente repercussion internacional. Es decir, pone de manifiesto algo que las autoridades nortamericanas y europeas tienden a obviar o, a lo sumo, a resolver con grandes palabras vacías: en China la gestión de la “estabilidad social” presenta el alto precio de la conculcación de derechos y libertades.
Que se hayan inmolado en los últimos meses más de 30 monjes tibetanos en protesta desesperada puede fácilmente apartarse de la agenda oficial. Pero el abogado Chen se ha plantado en medio de los focos del escenario en plena cumbre del más alto nivel. Tanto para las autoridades chinas (que tanto hablan últimamente de reformas políticas), como para la Administración Obama (que tiene las elecciones a la vuelta de la esquina), se presenta una excelente ocasión de empezar a resolver las cosas de un modo distinto. Todo empezó en Túnez con la inmolación de un vendedor ambulante: gestos mínimos tienen a veces repercusiones de difícil predicción. Si algo le pasara al abogado Chen, unos y otros tienen mucho que perder.
Manel Ollé es coordinador del máster de estudios chinos de la Universidad Pompeu Fabra.
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