El Supremo de EE UU avala la persecución de ‘sin papeles’ en Arizona
La mayoría llegó a la conclusión de que el Gobierno federal tiene el poder para bloquear la SB1070
El veredicto bloquea varios elementos excepto el más polémico: la policía todavía puede pedir documentos
Yolanda Monge Washington 25 JUN 2012 – 20:26 CET
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó ayer que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal y que Arizona fue demasiado lejos al promulgar la ley conocida como SB 1070. El más alto tribunal de EE UU dejó sin efecto la mayoría de sus disposiciones excepto quizá la parte más polémica, aquella que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere necesario. “Papeles, por favor”, como popularmente se conoce la disposición, puede aun así ser objeto de demandas legales adicionales, argumentan los jueces.
Esta parte de la ley fue la que movilizó a los hispanos de Arizona, acosados por los agentes del sheriff Arpaio, conocido por sus declaraciones indisimuladamente racistas. Tras la sentencia del Supremo, la policía podrá seguir parando a alguien si “hay sospecha razonable de que está en EE UU de forma ilegal”, algo insólito en un país donde ni siquiera existe el carnet de identidad.
El dictamen es, no obstante, una victoria parcial para la Administración de Barack Obama al promulgar el Supremo que los Estados no pueden regular en materia de inmigración. El alto tribunal, con cinco votos a favor y tres en contra, derogó las siguientes cláusulas: que el Estado de Arizona —con casi 600 kilómetros de frontera con México— pueda considerar delito que los inmigrantes no porten consigo documentos que prueben su estatus (la policía podría así llevar a comisaría a un sospechoso para comprobar su situación migratoria); que pueda considerar un acto criminal solicitar un trabajo cuando no se tengan papeles; y que pretenda arrogarse la capacidad de detener a gente solo por la sospecha de que reside ilegalmente en el país.
“Arizona puede sentir una frustración razonable con los problemas que causa la inmigración ilegal”, escribe el juez Anthony Kennedy como argumento de la mayoría. “Pero el Estado no puede proclamar políticas que minan la ley federal”, sentencia.
Los jueces Ruth Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y el jefe del Tribunal, John Roberts, se sumaron a la opinión de Kennedy, que concede muy poca autoridad a los Estados en materia de inmigración. Los magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito escribieron cada uno alegatos particulares. El más duro de todos ellos fue Scalia, al plantear que la soberanía de Arizona ha quedado desprotegida, ya que como Estado “no puede excluir a personas de su territorio que no tienen derecho a estar allí”.
La polémica SB 1070 fue promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con fuertes críticas por parte de grupos de derechos civiles que la consideran una forma de discriminación racial.
La decisión del Supremo llega en un momento en el que el tema de la inmigración está más candente que nunca. A cinco meses de las elecciones presidenciales cada voto cuenta y el latino es numeroso. Obama expresaba ayer su satisfacción a través de un comunicado: “Esta decisión prueba que el Congreso debe iniciar una reforma global de la ley migratoria. Un mosaico de leyes no es la solución al roto sistema de inmigración, es parte del problema”.
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