US Considered Tortures under Franco a Communist 'Fabrication'

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*EEUU veía las torturas del régimen como un “invento” comunista y a los jueces como poder “independiente”*

+El país que se había mostrado ante el mundo como el más férreo defensor de los derechos de los ciudadanos dibujó una imagen amable y complaciente de la dictadura franquista, con quien mantenía una relación a cuenta de las bases militares*

“Será más fácil llegar a un nuevo acuerdo [sobre las bases] con España si Franco sigue en el poder. En cualquier caso, la transición está ya en proceso y es probable que no vaya a mantenerse en el mando durante gran parte de la vida del nuevo acuerdo”. Esta frase, redactada en febrero de 1975 por el embajador estadounidense en España Wells Stabler y dirigida al secretario de Estado Henry Kissinger, es fiel reflejo de la cómoda postura asumida por EEUU durante los años de la dictadura franquista y su escasa intervención en el proceso de transición a la democracia.

Aunque han sido varios los historiadores que han escrito sobre el papel complaciente de Washington con el régimen, los más de millón y medio de cables desclasificados de Kissinger que han sido compilados por Wikileaks y a los que Público ha tenido acceso, no sólo ratifican esta teoría, sino que aportan detalles sobre la “genuina” relación de “amistad y admiración” entre EEUU y la dictadura, tal y como expresan varios de los documentos.

El profesor de la Universidad de Oxford Charles Powell concluía en su libro ‘El amigo americano’, tras más de diez años de investigación, que las administraciones norteamericanas “hicieron poco por debilitar a Franco”, posicionadas en una línea estratégica obsesionada con mantener sus bases militares en la Península.

En efecto, un simple vistazo a los escritos diplomáticos que desde 1973 a 1977 circularon entre Madrid y Washington es suficiente para cerciorarse de que los acuerdos militares y comerciales, así como la posible entrada de España en la OTAN, marcaron, si no toda, sí la mayor parte de la línea política estadounidense en nuestro país. Poco importaba para la nación que se había erigido ante el mundo como máxima defensora de las libertades y los derechos de los ciudadanos, los repetidos episodios de represión, tortura, ajusticiamiento y censura franquista, a juzgar por el escaso número de cables que hacen referencia a estos asuntos y la baja relevancia otorgada a los mismos.

Para hacerse una idea de cómo Estados Unidos miró durante años hacia otro lado, resulta revelador el cruce de varios documentos en abril de 1974. En un cable confidencial enviado desde la Secretaría de Estado a varias embajadas en todo el mundo bajo el asunto ‘prisioneros políticos’, EEUU informa a sus diplomáticos de las nuevas disposiciones aprobadas en relación a estos casos. En él se puede leer: “Es criterio del Congreso que el presidente rechace cualquier ayuda económica o militar al Gobierno procedente de cualquier país extranjero que practique el internamiento o encarcelamiento de sus ciudadanos con fines políticos. Las embajadas deberán presentar una evaluación de cómo esta legislación podría afectar al estado de los programas de asistencia en sus países. […] Si la embajada apreciara que estas prácticas pudieran existir, se le solicita que sugiera cualquier recomendación para la correcta actuación de Estados Unidos o de su representación para mejorar la situación, incluyendo comentarios sobre la idoneidad y los efectos de negar la asistencia militar o económica”.

Pues bien, la respuesta que se envía a Washington desde la embajada en Madrid se limita a hacer una enumeración aséptica de la legislación existente con respecto a algunas de estas cuestiones, sin dar detalle de casos concretos que puedan servir de ejemplo o hacer recomendación o comentario alguno sobre posibles medidas a tener en cuenta.

“España es firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus conceptos fundamentales y libertades civiles están reflejadas en la ley orgánica y la carta (“Fuero”) del pueblo español, que tiene estatus constitucional. Legislación subsidiaria, como la Ley de Libertad de Asociación, la Ley de Prensa y la Ley de Orden Público, recogen además la libertad de asociación, expresión y reunión como principios absolutos, pero al mismo tiempo contienen detalladas disposiciones que circunscriben seriamente el ejercicio de estos derechos. El Código Penal limita, además, los derechos de asociación, expresión y reunión y especifica sanciones para esta infracción. El “Fuero”, asimismo, recoge condiciones al ejercicio de los derechos fundamentales”, señala el texto, que más adelante suaviza las actuaciones del régimen.

“Debe observarse, sin embargo, que el gobierno rara vez enjuicia expresiones de opinión puramente privadas que contravengan las leyes y en los últimos años ha mostrado una creciente tolerancia por las huelgas, algo que ocurre con frecuencia. […] En el caso de la ley de prensa, las multas se han convertido en la forma más común de sanción, aunque la ley permite penas de prisión de hasta seis meses para los delincuentes que no puedan o no quieran pagarlas”.

Pese a esta descripción amable de la situación política en España, ello no significa que EEUU desconociera la dimensión de los hechos. Como se reconoce en un cable de carácter confidencial enviado en julio de 1975 desde Madrid para responder sobre la situación de los derechos humanos en el país, Stabler señala que “en 1973, por ejemplo, hubo 2.700 acusaciones por delitos políticos. El número de personas que cumplen condena por ellos se estima en alrededor de 700, aunque algunas fuentes alegan que la cifra debe alcanzar los 2.000 o 3.000”.

No obstante, en ese mismo documento, la embajada estadounidense da cuenta de otros aspectos del sistema que no dejan de ser absolutamente complacientes con la dictadura. Por ejemplo, sobre la tortura policial indica: “El uso de la violencia física por la Policía u otras autoridades está prohibido por la legislación española y hay ciertas garantías legales en su contra. Sin embargo, ha habido denuncias ocasionales de tortura. […] En un reciente caso judicial […] ha habido muchas denuncias por tortura, las cuales, en cualquier caso, parecen haber sido inventadas, tal vez por el aparato de propaganda comunista”.

A la pregunta de cómo de independiente es el sistema judicial español, Stabler responde: “El poder judicial es reconocido, tanto por los críticos al gobierno como por sus simpatizantes, como el sector más independiente de la administración española. Los ejemplos de esta independencia abundan. Los tribunales españoles también parecen estar mostrando mayor indulgencia y flexibilidad”.

La larguísima lista de cables también deja algunos casos concretos en los que queda reflejado que Estados Unidos prefería mantenerse al margen de los asuntos espinosos de la política de un régimen que, aunque agonizante, levantaba fuertes críticas en países vecinos como Francia o Bruselas.

El 24 de junio de 1972 la Policía había detenido en Madrid a los diez miembros de lo que se consideraba la dirección de Comisiones Obreras, acusados de asociación ilícita y vinculación con el Partido Comunista. Los acusados, entre ellos Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, permanecieron en la cárcel durante cerca de año y medio desde su detención hasta la celebración del juicio, que finalmente tuvo que ser aplazado durante algunas horas al coincidir con el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973.

El 14 de diciembre de ese año, el embajador estadounidense Horacio Rivero relata en un texto enviado a la Secretaría de Estado y a otras sedes diplomáticas en Lisboa, París, Londres, Roma, etc. cómo dos mujeres,familiares de los acusados en el conocido como ‘caso de los diez de Carabanchel’, acuden a la embajada norteamericana en busca de apoyo. Las mujeres, que fueron atendidas “brevemente” por el agregado de trabajo, aseguraron que “simplemente querían informar de los hechos y suscitar simpatía por los aspectos humanos del caso”. La embajada les dio las gracias y respondió, según relata el cable: “Al igual que otros gobiernos extranjeros, EEUU no puede participar en los asuntos internos de otros países”.

Estados Unidos sabía que la transición democrática era un paso imprescindible para que España fuera aceptada en la OTAN (algo para lo que el país norteamericano estuvo presionando durante años ante la negativa del resto de países por aceptar a una dictadura en la Alianza). Sin embargo, los últimos días de Franco se toparon con el bien de mayor interés para EEUU: en diciembre de 1975 vencía el acuerdo entre ambos países sobre las bases militares. Era urgente renovarlo cuanto antes, ante ciertos sectores del régimen que se habían mostrado críticos y un rechazo social cada vez más pronunciado hacia la presencia estadounidense en la Península.

Estos intereses explican en gran medida el papel tan poco determinante que jugó Washington en una etapa crucial de la Historia, a salvo bajo el calor de un dictador que les había proporcionado una ventana al Mediterráneo en un momento de plena Guerra Fría y de fiebre anticomunista.

“Tú, como amigo, debes entender que nuestro adversario no puede engañarse sobre la determinación de los Estados Unidos para defender sus propios intereses y para apoyar a nuestros aliados y amigos. Sé que puedo contar contigo y con el pueblo español para trabajar junto a mi gobierno de manera constructiva y en cooperación durante los próximos años. Espero la continuación de esta cercana relación de amistad que nuestros dos países han disfrutado durante años”, le escribe el recién elegido presidente Gerald R. Ford en un mensaje secreto a Franco el 9 de agosto de 1974.