Obama and the National Interest

Obama y la razón de Estado

Acceso a bases de datos de compañías telefónicas, permiso para consultar información privada en las grandes redes sociales, así como otras actividades de dudoso cuño llevadas a cabo por agencias de inteligencia de Estados Unidos, han puesto al presidente Barack Obama en la picota.

Los más fuertes críticos, tras conocerse la filtración que destapó la crisis, lo colocan a la altura del Gran Hermano de Orwell. Se trata de un espinoso tema que preocupa y que amerita una consideración cuidadosa.

A medida que se va conociendo la magnitud del entramado de la actividad desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional del país del norte (NSA), esta parece ser la situación más compleja que vive el primer mandatario desde que asumió la presidencia. No es para menos. Estados Unidos, con todos sus bemoles, se precia de defender las libertades individuales como uno de sus bienes más sagrados. La privacidad del individuo, consagrada en las enmiendas 4ª y 5ª, fue puesta en entredicho por George W. Bush luego del 11 de septiembre de 2001 en aras de la guerra antiterrorista. En parte como reacción a los desmanes cometidos, la creación de la prisión en Guantánamo, la aplicación de la tortura a los detenidos, retención arbitraria de sospechosos y otras perlas, surgió Obama como alternativa de cambio. De ahí la perplejidad de quienes confiaron en su talante liberal y ahora ven que, al parecer, muchas cosas cambiaron para seguir igual.

Un joven genio de la informática, vinculado a los servicios de inteligencia, fue el encargado de destapar la caja de Pandora y dejar al descubierto un programa denominado Prism, que permite meter la mano en las comunicaciones de las personas con el pretexto de la seguridad. Más allá del boquete de la propia seguridad gubernamental con los famosos wikileaks, y ahora esta última, el tema de fondo se había mencionado unas semanas atrás, pues la base de datos de las llamadas de periodistas de Associated Press (AP) había sido investigada por las agencias de seguridad, lo que supone una gravísima intromisión en el ejercicio del libre periodismo y de la muy sagrada reserva de fuente. La misma que defendemos a rajatabla en nuestro oficio cotidiano.

Ahora que se conoce la dimensión del tema aumenta la preocupación, pues a pesar de las buenas intenciones que pueda tener el presidente, se crea un muy peligroso precedente. Obama ha salido apresuradamente a decir que no se han llevado a cabo escuchas de conversaciones privadas. Que se trata de medidas tomadas con sustento legal, con conocimiento previo del Congreso y que su fin último justifica lo que el mismo definió así: “no se puede tener 100% de seguridad y 100% de privacidad”. ¿Cuál es el precio que se está dispuesto a pagar, se pregunta, para lograr la seguridad de todos los ciudadanos? Difícil paradoja la que plantea el ocupante de la Casa Blanca.

Desde que se mencionó formalmente el concepto de la Razón de Estado por parte de Richelieu, el mismo ha dado para todo. En este caso hay quienes arguyen, no sin razón, que la legalidad de la medida está en entredicho, pues su autorización viene de un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Los críticos consideran que el FISA opera en la sombra, es poco conocido y que su decisión de vigilar las bases de datos y las redes de comunicación de empresas como Verizon, Google, Apple y Facebook, viola la Cuarta Enmienda.