¿CIA o traficante de armas?
Andrew Tahmooressi es un sargento de la marina norteamericana de 25 años que formó parte del Ejército que ocupó Afganistán. Después se mudó a San Diego, California, desde donde comenzó viajar a Tijuana, ciudad en la que se involucró con una mexicana.
A fines de marzo pasado Andrew cruzó la frontera en su camioneta, reservó y pagó en efectivo una habitación en el Hotel Nelson. Se fue a California para volver a Tijuana horas más tarde; pero esta vez las autoridades de la aduana El Chaparral descubrieron que intentaba entrar con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, las traía a la mano, cargadas y con municiones extras.
Miembros del Ejército supervisaron las armas y la detención. En ese momento llego también Inés García, editora del renombrado periódico Zeta. La reportera documentó los hechos.
Las cámaras de la frontera tenían grabadas las múltiples entradas del soldado norteamericano, lo mismo que el momento en que se detectaron las armas; él hizo una llamada de emergencia al 911 estadunidense diciendo que “por error se había metido a México” y lo habían detenido.
Por desgracia para Tahmooressi, la reportera de Zeta siguió las pistas y publicó un reportaje sobre las constantes visitas del sargento a Tijuana; habló con testigos que lo han visto en esa ciudad con su pareja mexicana y demostró que había estado en el Hotel Nelson y pagado la habitación horas antes de ser detenido.
Desde su arresto, el sargento ha sido tratado como una víctima, no como un traficante de armas descubierto en flagrancia. El secretario de Estado John Kerry y la senadora Hillary Clinton operan para que sea liberado; han conseguido cantidad de privilegios para el joven y su familia.
Si él hubiera sido un soldado mexicano llamado Andrés, moreno, con armas de alto calibre cruzando a Estados Unidos, Clinton y Kerry habrían celebrado que se cumpliera la ley contra los traficantes.
El pasado 9 de julio la colega Inés García estuvo con otros reporteros en el juzgado, allí fue amenazada, hostigada y golpeada por Len Newcomb, detective privado californiano que trabaja para la defensa con Phil Dun.
El abogado de Andrew Tahmooressi es Fernando Benítez, el mismo que defendió a Jorge Hank Rohn por acopio de armas y a quien la propia DEA señaló por corrupto. Benítez opera como un perito en la integración de la averiguación previa, manipula el expediente y tiene vínculos con mafias de Tijuana.
Dos cosas llaman la atención: la primera es que de acuerdo con el Plan Mérida, tanto Hillary Clinton como John Kerry han sido promotores de que se fortalezca el Estado de Derecho en México, sin embargo apoyan la liberación del soldado con presión diplomática.
Esto se da en un contexto en que los amigos del detenido han dicho en Tijuana que Tahmooressi trabaja para la CIA y será rescatado de la cárcel (lo cuál parece una bravuconada). La segunda es que Newcomb el hombre que amenazó, golpeó y hostigó a la periodista frente a testigos, iba acompañado de un escolta armado que trabaja para la familia del soldado preso.
Inés García documentó cómo se respetaron los Derechos Humanos (DH) del detenido, incluso se le dejó su teléfono celular; atestiguó cómo la madre de Andrew ha pasado largos ratos a solas con su hijo, privilegio imposible para acusados de delitos graves como tráfico de armas.
Fue Inés quien evidenció las múltiples entradas del soldado a Tijuana y la reserva del hotel, en momentos en que las redes de corrupción del abogado de Hank Rohn operan activamente en esa ciudad. Todo esto pone en gran riesgo la vida de Inés; de allí que organizaciones de DH y libertad de expresión manifestaran su solidaridad con la periodista.
Este caso evidencia de nuevo la doble moral norteamericana y las agresiones a la prensa por revelar la verdad. Me pregunto quién asesora a la señora Clinton que tanto se indigna frente la impunidad mexicana y la violencia contra la prensa.
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