Hace 40 años el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, metió a su país en la más larga guerra en la que su país ha estado involucrado: la “guerra contra las drogas”. Una campaña que la gran potencia global, conforme a toda evidencia, ha perdido.
Los efectos de esa derrota han influido en la opinión pública estadounidense: los estados de Colorado y Washington han legalizado ya el uso de la mariguana para uso recreacional y otros 19 ya permiten el consumo de la planta para fines medicinales. En México el tema ni siquiera ha empezado a discutirse en legislaturas.
El problema es que los cárteles mexicanos, sólo exportadores de droga en un inicio, se han diversificado: suman a sus actividades también explotación de personas, extorsiones y secuestros. Y en estas actividades reciben también la ayuda indirecta del mayor consumidor mundial de drogas:
De acuerdo con el propio gobierno de Estados Unidos, siete cárteles mexicanos operan en ese país, donde obtienen recursos vía la venta de drogas, así como armas para extraer rentas de la población en México. Un informe del Departamento de Seguridad Interna de EU (DHS por sus siglas en inglés) da cuenta de que al menos dos mil policías de ese país están siendo investigados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
No es un tema nuevo, por el cual el vecino país tenga que mostrarse sorprendido. Durante la primera administración del presidente Obama cerca de 130 agentes de Migración y Aduanas, así como de la Patrulla Fronteriza fueron arrestados por cargos de corrupción ligados a los cárteles del narcotráfico de México. Únicamente en 2009 la oficina del inspector general del DHS abrió 839 investigaciones de corrupción que involucraron a agentes de esa corporación.
La dimensión de poder adquirida por los cárteles del crimen organizado en México sería impensable sin la activa participación de cómplices dentro de las estructuras gubernamentales de Estados Unidos. Hasta ahora se ha descubierto que esa infiltración llega a nivel de sheriffs de condados fronterizos. Habría que considerar la posibilidad de que esas redes se hayan extendido ya a otros poderes.
Bajo el argumento maniqueo de que la corrupción afecta únicamente a México, congresistas estadounidenses han pedido a su gobierno replantear la cooperación con el país vecino en materia de combate a la criminalidad e incluso han sugerido condicionar apoyos materiales y logísticos indispensables. Ignoran que en el propio suelo de EU hay mucha corrupción por combatir y sin la cual las grandes organizaciones de la delincuencia no tendrían el poder que hoy poseen.
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