Estados Unidos y México: el autoengaño
Hace 20 años, las declaraciones de Rex Tillerson y de John Kelly, señalando como origen de la violencia en México el alto consumo de drogas en Estados Unidos, pudieron haber tenido algún valor periodístico o sociológico. Hoy, el secretario de Estado y el de Seguridad Interior repiten frases banales a las que sólo los ingenuos pueden conferir algún valor.
22 de Mayo de 2017
La que hace décadas era la economía del trasiego de drogas, influida directamente por los mecanismos de la oferta y la demanda a los que se refirieron los funcionarios estadunidenses, hoy es una economía diversificada que incluye numerosas modalidades de delitos, muchas de ellas independientes del tráfico de drogas. Tanto es así que esta economía ha podido resistir con éxito la legalización del uso terapéutico y lúdico de la mariguana en varios estados norteamericanos y una producción cercana a la autosuficiencia.
Centrar una estrategia de reducción de la violencia en hacer ver a los consumidores de drogas estadunidenses el mal que hacen a México, como lo declaró John Kelly, parece más bien el mensaje de un pastor cristiano que la declaración de un estratega responsable de la seguridad interior del vecino. “Si los americanos entendieran que usar drogas por diversión automáticamente termina en pérdidas de vidas en México, Colombia o Centroamérica y en la muerte de periodistas, policías, soldados… se reduciría significativamente el dinero proveniente de los enervantes y, en consecuencia, las ganancias que generan”. El Presidente al que representan los mencionados funcionarios ha fomentado un arraigado sentimiento antimexicano en vastas regiones de su país. El argumento de Kelly es peligroso, pues los puede invitar a consumir más drogas.
La premisa de la declaración de Kelly es la racionalidad del consumidor. Un autoengaño probado a saciedad por la corriente de la economía conductual, por la crisis financiera de 2008, en la que miles de individuos aprovecharon la desregularización para destruir la economía, incluyendo la suya y, sobre todo, por los frecuentes ejemplos de nuestra vida diaria, incluyendo el resultado irracional de las elecciones en Estados Unidos. El componente irracional (o incomprensible) de la conducta humana es, en muchas circunstancias, el que prevalece. Kelly también hizo gala de ignorancia al declarar que en Estados Unidos nunca se había intentado reducir la demanda de drogas. Pero durante el gobierno de Reagan se lanzó la campaña Just say no (Simplemente niégate), en la que —como hoy— también se quiso incluir a Hollywood. La industria cinematográfica y los consumidores just said no a las buenas intenciones de Reagan.
En cuanto a la responsabilidad compartida, es un mito y no precisamente genial. La carga y los costos de contribuir a la seguridad del vecino, los muertos, la violencia, el tráfico de armas, la proliferación de delitos, nada de eso es compartido. Es verdad que Estados Unidos ha compartido inteligencia para llevar a cabo una estrategia de descabezamiento de los cárteles, lo que constituye un ejemplo de libro de texto del tipo de acciones que provocan “consecuencias no deseadas”.
El último caso de las consecuencias no previstas es el de la cruenta guerra por el control territorial de los dominios del Cártel de Sinaloa, desatada a raíz de la deportación de El Chapo Guzmán a Estados Unidos. La detención de El licenciado, Dámaso López, ha sido señalada como una de las causas que llevaron al asesinato del periodista y escritor Javier Valdez. Carlos Lauría, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), describe en The New York Times la conversación que tuvo con Valdez el 5 de mayo: “Javier sonaba incómodo y dijo que el clima en Culiacán era tenso. Dijo que había decidido no hablar públicamente de la violencia de los cárteles después de la detención del líder del jefe sinaloense”.
El alambicado reglamento del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, otro autoengaño, éste del gobierno mexicano, descansa conceptualmente en el deseo del periodista a ser protegido. Éste no es un caso muy común dada la desconfianza que hay hacia las autoridades gubernamentales encargadas de la seguridad, especialmente las locales. Al parecer ese fue el caso de Javier Valdez, que no pidió protección. Pero la obligación del Estado es proteger a estos defensores de la libertad de expresión. El artículo 52 del reglamento plantea: “Cuando no medie solicitud, si una entidad conoce una situación de riesgo en la que se encuentre una persona defensora de los derechos humanos o un periodista, deberá hacer de su conocimiento a la Unidad de Casos y Reacción Rápida para que se realicen las diligencias necesarias, a fin de contactar a las personas y, en caso que se otorgue consentimiento, se inicie el procedimiento”. Esto no se hizo y se facilitó el atentado contra el periodista. Hoy hay que proteger a RíoDoce, esclarecer el asesinato de Javier Valdez, rediseñar el mecanismo de protección fuera de Gobernación, darle recursos como ha demandado la CNDH y, sobre todo, dejar de autoengañarse.
CECILIA SOTO
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