Las autoridades de la frontera entre Estados Unidos y México han alertado este miércoles del colapso de sus instalaciones. “El sistema ha llegado a su punto de quiebre esta semana”, advirtió en una rueda de prensa Kevin McAleenan, comisario de la guardia fronteriza. Desde El Paso, convertida en la segunda ciudad más transitada entre ambos países por la ola de migrantes centroamericanos, hizo un llamamiento a los legisladores a entregar más recursos para manejar la “crisis humanitaria y de seguridad” con la que están lidiando. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) detuvieron a más de 12.000 migrantes a lo largo de la frontera en los dos últimos días. “Un número alto es 4.000. Hablamos de crisis cuando son 6.000. El nivel actual no tiene precedentes”, explicó McAleenan.
La CBP adelantó que, al ritmo que van, marzo acabará con 100.000 detenciones: “Será el mes más alto en más de una década”, dijo McAleenan. El perfil de los migrantes detenidos, según explicaron, son en su mayoría (65%) familias con niños que simplemente se entregan a los agentes, mientras que el resto son adultos solos que intentan evadir ser detenidos, “incluidos aquellos con antecedentes penales”. El número de familias sin papeles que llegan a la frontera ha roto varios récords en los últimos meses, pero el número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas.
El reclamo de la CBP llega solo unas semanas después de que el presidente Donald Trump declarara una emergencia nacional en la frontera acusando una crisis de drogas e inmigración ilegal. La jugada desesperada del republicano -que el Congreso intentó revertir sin éxito- le permite usar sus poderes especiales para dotarse de los fondos públicos que necesita construir el muro con México. El comisario McAleenan, alimentando el discurso trumpista, culpó de “la crisis” a los contrabandistas y a las leyes de los estadounidenses que, a su juicio, fomentan la migración ilegal, ya que “prácticamente garantizan que sean liberados en EE UU”. Los agentes fronterizos sostienen que El Paso atraviesa la situación de hacinamiento más peligrosa, con centros de detención ocupados en un 300% o 400% por sobre su capacidad.
El comisario de la guardia fronteriza expresó su temor de que esta situación traiga consigo una tragedia en algún centro de detención. “Estamos haciendo todo lo posible para simplemente evitar una tragedia (…), pero con estos números y con los diferentes tipos de enfermedades que estamos viendo en la frontera, me temo que es solo una cuestión de tiempo”, advirtió el agente. El pasado diciembre dos menores guatemaltecos murieron bajo custodia del Gobierno de EE UU.
Si en febrero ya se rompieron los parámetros con más de 76.000 extranjeros que cruzaron de forma irregular la frontera -el dato mensual más elevado en 12 años-, los agentes auguran un marzo aún peor. El cambio en el perfil de quienes llegan a contribuido al “colapso”. Anteriormente los sin papeles que cruzaban la frontera eran mexicanos que venían solos y podían ser deportados fácilmente a su país. El hecho de que ahora predominen las familias centroamericanas en busca de asilo y, por ley, deban atenderlas en los tribunales, es lo que atasca al sistema que no está preparado para atender tanta demanda. El proceso legal de los solicitantes puede tardar meses o incluso años. La oficina de aduanas remarcó este miércoles que solo entre el 10 y el 15% de los casos son solicitudes de asilo legítimas.
La Administración de Trump aprobó el año pasado varias reformas para que reducir el número de migrantes que pueden pasar el primer filtro en las solicitudes de asilo y así evitar abrir un proceso legal. Por ejemplo, desde junio de 2018, la condición de víctimas de violencia doméstica o la amenaza de pandillas en el país de origen del solicitante ya no bastan como único motivo para pedir protección. Pero eso no ha impedido que los migrantes continúen llegando a la frontera huyendo de la violencia.
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