Donald Trump dijo hace un mes que el plan es celebrar las elecciones en la fecha prevista —“el 3 de noviembre es un buen número”, dijo—, y tildó los rumores de un eventual aplazamiento de “propaganda”. El presidente de EE UU es experto en decir esto y lo contrario. Tiene talento para moverse en el caos que él mismo genera. Su objetivo es marcar el ritmo y el contenido de la conversación ayudado por sus amigos de Fox News y de otros medios ultraconservadores.
Esta semana, el yernísimo Jared Kushner, que ejerce de asesor múltiple, dijo que no sabía si los comicios se pospondrían en caso de una segunda ola de coronavirus en otoño: “Está muy lejos para decir. No es mi decisión. No estoy seguro de que pueda comprometerme en un sentido o en otro”. Interesante matiz. Los asesores del presidente —los mismos que retuercen las leyes para intentar librar de la cárcel a Michael Flynn, su primer jefe de seguridad implicado en el Rusiangate— analizan los posibles escenarios. No es el virus lo que preocupa, es la derrota.
Con medidas de confinamiento, EE UU alcanzará los 140.000 muertos dentro de seis semanas, según los expertos que toman en cuenta la evolución de la Covid-19 en China e Italia. Pero será peor porque la Casa Blanca y los Estados republicanos apuestan por una desescalada que impulse la economía y salve empleos. Las encuestas favorecen a un semiclandestino Joe Biden, incapaz de competir con la omnipresencia mediática de su rival. Trump está nervioso, por eso acumula errores. El último, un desplante racista en rueda de prensa a una reportera. Su nueva cortina de humo es un supuesto Obamagate.
El runrún de un aplazamiento de las elecciones ya está aquí. Algunos Estados han retrasado las primarias, algo que compete a los gobernadores. La fecha de las presidenciales está fijada por una ley federal de 1845, “el primer martes después del primer lunes de noviembre”. Solo el Congreso podría modificarla. Es difícil que los demócratas, que dominan la Cámara de Representantes, caigan en la trampa. Ni la declaración de la ley marcial daría poderes al presidente para suspender las elecciones y menos aún para prorrogar su mandato, que finaliza constitucionalmente el 20 de enero a las 12 del mediodía.
Estamos ante un tipo imprevisible que no duda en utilizar los recursos del Estado en defensa de sus intereses. Trump juega desde hace semanas una partida subterránea para deslegitimar el resultado si le es desfavorable. Ya ha atacado en público el voto por correo. California ha anunciado que enviará papeletas a todos los votantes registrados en el Estado en previsión de que no puedan abrirse los colegios electorales. Es algo que imitarán otros Estados. ¿También los 26 que tienen gobernador republicano? La última trinchera será proclamar que le han robado las elecciones y negarse a reconocer el resultado. Al tiempo.
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