Tenemos que hablar sobre el cambio de estrategia en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. La transición de la Iniciativa Mérida hacia el Entendimiento Bicentenario significó operar en favor de ese país con el único propósito de reducir el tráfico de drogas a esa nación, lo que desencadenó la escalada de violencia que no ha terminado. Por eso, el nuevo enfoque de cooperación entre ambos gobiernos debe ser el de defender a las y los mexicanos.
El nuevo acuerdo es el Entendimiento Bicentenario, que se pudo plantear gracias al liderazgo del canciller Marcelo Ebrard, mismo que establece una estrategia con enfoque más integral que no sólo incorpora las prioridades de cada país en materia de seguridad al hacer énfasis en la atención de la violencia por medio de una respuesta impulsada por la justicia y el uso de la inteligencia contra el crimen organizado, con respeto mutuo a los derechos humanos y basada en una cooperación efectiva entre las autoridades de ambos países encargadas de la procuración y administración de justicia, sino que además atiende temas de salud pública y desarrollo social y económico que impactarán en la calidad de vida de la población.
Entre los objetivos principales de la iniciativa están, primero, proteger a la gente con la creación de comunidades más seguras, mejores servicios de salud y que además sean sostenibles; luego, reducir la explotación de personas vulnerables por parte de grupos criminales por medio de la educación y oportunidades económicas, así como abordar las causas fundamentales de la violencia con respeto a los derechos humanos de las víctimas y las comunidades.
También busca prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, mejorar el acceso al apoyo para la recuperación y el tratamiento de personas farmacodependientes, explorar alternativas al encarcelamiento para casos de ese tipo, al igual que reducir la tasa de homicidios y delitos de alto impacto. Es importante resaltar que, por primera vez en la historia, Estados Unidos reconoce que es un país consumidor y que la violencia en México es en gran medida por las armas que se compran en ese país.
Otro objetivo es prevenir los delitos trasfronterizos, que incluye detener el flujo de armas que llegan aquí, por lo que se dio a conocer que cada año aproximadamente 500 mil son traficadas ilegalmente hacia México. Según el Índice de Paz 2020, las pérdidas económicas por la violencia y la inseguridad ascienden hasta 21.3 por ciento del PIB nacional. Se estima que entre 70 y 90 por ciento de las armas incautadas en escenas de crimen se traficaron desde Estados Unidos (la primera cifra según datos de la Oficina de Contabilidad del Gobierno). A pesar de esfuerzos nacionales, binacionales y multilaterales, la falta de medidas más efectivas contra el tráfico internacional de pertrechos tiene terribles implicaciones en la seguridad nacional de México. Sin embargo, entre las acciones locales para atender este problema se encuentra la demanda civil contra empresas manufactureras, que defiende con respeto y firmeza los intereses del Estado mexicano y con la cual se buscan mejores prácticas de comercio para prevenir el tráfico ilícito.
Asimismo, se destacó que la incautación de armas que llegan de Estados Unidos requiere de esfuerzos urgentes y más ambiciosos desde ambos lados de nuestra frontera compartida, pues sólo en 2020 las autoridades mexicanas decomisaron 12 mil 696, lo que representa aproximadamente 15 veces más armas en nuestra frontera que las que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas confiscan juntas.
Las consecuencias de ese fenómeno que afecta a nuestro país se reflejan en las estadísticas, pues 72 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego. En 1997 este porcentaje era de sólo 15. Esto representa una cifra anual de asesinatos de casi 25 mil cada año. De 17 mil 500 a 22 mil 500 fueron perpetrados con las provenientes de Estados Unidos. Por eso, entre las propuestas de México se encuentra la creación de un grupo de trabajo bilateral para reforzar los esfuerzos en busca de reducirlas significativamente. En este orden, el objetivo central sería aumentar considerablemente el número de incautaciones en ambos lados de la frontera.
Un objetivo más es perseguir a las redes criminales, para lo cual se buscará desmantelar su financiamiento ilícito y reducir la capacidad de beneficiarse de actividades ilegales, tanto en el ámbito trasnacional como en el ciberespacio, lo que incluye intercambiar información, identificar, congelar y confiscar activos de actores criminales involucrados en actividades corruptas, además de acusar, arrestar y extraditar a facilitadores financieros clave. Aquí, la Unidad de Inteligencia Financiera jugará un papel relevante.
Con Entendimiento Bicentenario se busca una alianza entre ambos países, no sólo para recibir capacitación, como en el pasado. La nueva estrategia busca atender las causas estructurales de la violencia y reorientar el enfoque de combate al crimen organizado hacia estrategias más efectivas como el uso de inteligencia para desarticular las estructuras económicas de la delincuencia organizada, incluido el lavado de dinero y sus delitos predicados, como la corrupción.
Adiós Iniciativa Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario.
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