Recently, the United States Animal and Plant Health Inspection Service temporarily suspended the importation of avocados from the Mexican state of Michoacán.* The suspension was in response to an alleged cell phone threat made to an inspector for the U.S. Department of Agriculture while conducting inspections in Uruapan, Michoacán, according to APHIS.
Accordingly, APHIS informed the Mexican National Farm Food Health, Safety and Quality Service that it was initiating an investigation to assess the threat and “determine the mitigation measures necessary to guarantee the physical safety of all its personnel who work in Michoacán.”
What stands out is not just how disproportionate the steps the United States took, but also the lack of any connection between an incident that should be a police matter and border closings decided by a plant health agency. Stopping the shipment of hundreds of thousands of tons of avocados looks more like the kind of economic sanction Washington typically applies to countries it wants to submit to its political, economic and ideological policy than an effective measure that would ensure the safety of its agricultural inspectors in our country.
We have to remember that U.S. administrations, Democratic and Republican alike, have resorted to similar measures against Mexico. This was the case with U.S. Tuna II (involving Mexico) starting in 2008, and more recently, threats to impose progressive tariffs on all Mexican exports, in the context of the immigration crisis during the Donald Trump administration.
Today there is no greater cause of friction between Washington and Mexico than the constitutional reform driven by Mexico on the issue of generating electricity. To resolve this, there have been high-level meetings between Mexican President Andrés Manuel López Obrador and officials from Washington, and a working group has been established to evaluate the environmental aspects of the common interest in the energy sector.
It would be regrettable as well as unreasonable for the U.S. to deviate from established models of conflict resolution in their bilateral relationship, which implies it must seek a solution to each dispute through established procedures and prevent any of these disputes from infecting all bilateral ties.
America's understandable concern over the safety of its employees in Mexico, in general, and its sanitation inspectors, in particular, has to be resolved precisely in the domain of public safety, and not in the context of trade.
We hope that the export of Michoacán avocados resumes soon, and that the U.S. resolves the case of telephone threat and imposes appropriate punishment.
*Editor’s note: The U.S.D.A. lifted the ban on Feb. 18.
El aguacate como presión
En días pasados el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos notificó al gobierno de México la suspensión temporal de las importaciones de aguacate michoacano por la nación vecina en respuesta a una supuesta amenaza recibida por un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Según la dependencia sanitaria del país en cuestión, uno de sus empleados habría recibido el amago en una llamada a su teléfono celular cuando realizaba labores de inspección en Uruapan, Michoacán.
En consecuencia, el APHIS informó de tal determinación al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y reportó que se inició una investigación para evaluar la amenaza y “determinar las medidas de mitigación necesarias para garantizar la integridad física de la totalidad de su personal que labora en Michoacán”.
Llama la atención la desmesura de la medida estadunidense, pero también la falta de relación entre un incidente que debería recaer en el ámbito policial y un cierre de fronteras decidido por una entidad fitosanitaria. Detener el envío de cientos de miles de toneladas de aguacate parece más una sanción económica de las que Washington suele aplicar a países a los que desea someter a sus lineamientos políticos, económicos e ideológicos que una acción significativa para garantizar la seguridad de sus inspectores agrícolas en nuestro territorio.
Es necesario recordar que las administraciones estadunidenses, tanto demócratas como republicanas, han recurrido a medidas similares contra México, como fue el caso del atún nacional y, más recientemente, durante la presidencia de Donad Trump, las amenazas de aplicar impuestos progresivos a todas las exportaciones mexicanas en el contexto de la crisis migratoria.
Actualmente, no hay a la vista más motivo de disenso entre Washington y el gobierno mexicano que la reforma constitucional impulsada por el segundo en materia de generación eléctrica, y para resolverlo se han llevado a cabo encuentros de alto nivel entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de Washington y se ha establecido un grupo de trabajo para analizar aspectos ambientales de interés común en el sector energético.
Sería tan lamentable como descabellado que las autoridades estadunidenses se apartaran del modelo establecido de resolución de conflictos en la relación bilateral, que implica buscar solución a cada diferendo en un canal específico, e impedir que uno de ellos contamine el conjunto de los vínculos.
La entendible preocupación de Estados Unidos por la seguridad de sus empleados gubernamentales en México, en general, y de sus inspectores sanitarios, en particular, debe resolverse precisamente en el ámbito de la seguridad pública, y no en el de los intercambios comerciales.
Cabe esperar, pues, que las exportaciones del fruto michoacano sean restablecidas a la brevedad y que el incidente de la amenaza telefónica quede esclarecido y, en su caso, sancionado.
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