There is little doubt that the United States often acts unexpectedly and is difficult to understand, according to the logic of other countries. This is the case of the demands made last week, which put Guatemala on the list so that in 2013 the U.S. Congress considers restoring funding and support to the Guatemalan army, which has been suspended for 44 years now, since 1977.
The main characteristic that should fill every demand is not to attack the one who receives it, even if it does not reach the category of threat. That could create serious, perhaps unsolvable, problems. But there is no chance of this happening if there is a unilateral decision, in this case one America made five decades ago and had in practice no real consequences. Therefore, within the logic of Guatemala, the answer is easy: Leave things as they have been for so long.
The military relationship between Guatemala and the United States was closed as a result of violations of human rights by the Guatemalan military. It was the time of the Cold War; the Berlin Wall had not fallen yet, Central America was the front line for guerrilla groups in confrontation with governments in the area and Cuban-Soviet support was undeniably effective. Then, the decision could be validly considered effective.
The Guatemalan army received weapons and training in other countries, bringing the United States politically closer. The civil war followed, socialism collapsed, the Cold War ended; 15 years ago came the peace agreements and no one seemed to remember the absence of U.S. military presence.
Several American requirements are already being met, and, as a related topic, in recent years there have been actions to prosecute senior military officers of those times, with the response call for guerrilla leaders whose orders also resulted in violence and murder. All with the additional factor that the Public Ministry and its present leadership has clear U.S. support, and it is impossible for anyone to justify the trial and punishment only for one side, so its requirement should encompass both.
The U.S. requirement is even less understandable when it refers to ending the military embargo, but they will only consider it as a possibility. The current situation indicates that the armies of the region should participate actively in the fight against drug trafficking. And on that topic so vital to U.S. interests is that this is not further entrenched. Much of Guatemala’s internal war was due to its proximity to the American union; there is no logic as to why there should be a second confrontation for the same reason. In short, today, America is more interested in a better armed and more effective Guatemalan army.
Estados Unidos, poca duda cabe, tiene un modo de actuar muchas veces inesperado y difícil de comprender, según la lógica de otros países. Es el caso de las exigencias que la semana pasada puso a Guatemala para que en el 2013 el congreso estadounidense considere la solicitud de restablecer el financiamiento y la ayuda al ejército guatemalteco, suspendidas desde hace 44 años, en el ahora tan lejano año de 1977.
La principal característica que debe llenar toda exigencia es que no acatarla por quien la recibe, aunque no alcance la categoría de amenaza, traerá problemas serios, talvez irresolubles. Pero ello tiene nulas posibilidades de realizarse si se refiere a una decisión unilateral, en este caso estadounidense, tomada hace cinco lustros y que no tuvo en la práctica ninguna consecuencia real. Por eso, dentro de la lógica guatemalteca, la respuesta es fácil: dejar las cosas como han estado tanto tiempo.
La relación castrense entre Guatemala y Estados Unidos quedó cerrada a consecuencia de la violación de derechos humanos por los militares guatemaltecos. Era el tiempo de la Guerra Fría, no había caído el Muro de Berlín, Centroamérica era el frente de batalla de grupos guerrilleros en confrontación contra gobiernos del área, y la ayuda cubano-soviética era innegable y efectiva. Entonces, la decisión podía ser válidamente considerada efectiva.
Pero el Ejército de Guatemala obtuvo armas y entrenamiento en otros países, cercanos políticamente a Estados Unidos. La guerra interna siguió, se derrumbó el socialismo, se terminó la Guerra Fría, hace 15 años llegaron los acuerdos de paz y nadie parecía recordar la ausencia de la presencia militar estadounidense. El país tiene ahora problemas distintos, con mayor seriedad, a causa de los cambios habidos en el mundo, pero sobre todo a la penetración del narcotráfico y sus caudas de violencia, corrupción y control de terreno.
Varias exigencias estadounidenses ya están siendo cumplidas y, como tema relacionado, en las últimas semanas han ocurrido acciones para llevar a juicio a altos oficiales militares de esas épocas, con la respuesta del llamado a que sean también juzgados los dirigentes guerrilleros cuyas órdenes provocaron también violencia y asesinatos. Todo con el factor adicional que el Ministerio Público y su dirigencia actual tiene el evidente apoyo estadounidense, y que es imposible para nadie justificar el juicio y castigo solo para uno de los bandos, por lo que tal exigencia debe abarcarlos a ambos.
La exigencia estadounidense es aun menos comprensible cuando no se refiere a finalizar el embargo castrense, sino solo a considerar esa posibilidad. La realidad actual indica que los ejércitos de la zona deben participar activamente en la lucha contra el narcotráfico. Y en ese tema, para el interés estadounidense es vital que este no se afiance aún más. Buena parte de la guerra interna de Guatemala se debió a su cercanía con la unión americana; no tiene lógica que haya una segunda confrontación por el mismo motivo. En suma: ahora, Estados Unidos es el más interesado en un ejército guatemalteco mejor armado y efectivo.
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