The U.S. Deported 90,000 Mexican Children This Year

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Se estima que 15 por ciento de estos infantes vive en la franja fronteriza sin protección gubernamental alguna.

México, DF. En los primeros siete meses de 2008 al menos 90 mil niños mexicanos han sido deportados por el gobierno de Estados Unidos, en el marco de su política antiinmigrantes, con la consecuente separación de miles de familias.

Un informe del Grupo de Trabajo en Materia Migratoria del PRI en la Cámara de Diputados estima que 15 por ciento de esos menores, es decir unos 13 mil 500, vive en la franja fronteriza mexicana, sin protección gubernamental alguna.

El coordinador de ese grupo de trabajo y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edmundo Ramírez Martínez, dijo que durante los primeros siete meses de 2008 también han sido deportados de esa nación 300 mil adultos mexicanos.

El documento señala que además del abandono de miles de niños en el lado mexicano de la frontera se estima que por cada tres adultos deportados de la Unión Americana queda un infante de origen mexicano desamparado en esa nación.

“Los menores son encargados a polleros o traficantes de personas para ser llevados a Estados Unidos con sus padres y en ese intento son deportados y prácticamente abandonados en la frontera mexicana, ya que su familia, por temor a la deportación, no los reclama”, expresó.

Tan sólo de enero a julio, estimó, unos 90 mil menores nacidos en México, pero que acompañaron a sus padres en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos, han sido expulsados por el gobierno estadunidense como consecuencia de la deportación masiva.

Destacó que de los 13 mil 500 niños “estacionados” en la frontera norte algunos permanecen en albergues del DIF, de organizaciones religiosas o civiles, pero otro porcentaje queda abandonado y se dedican a la mendicidad para subsistir e intentar regresar a ese país.

El también secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios expuso que dicha deportación de infantes tiene mayor impacto en las entidades con alto flujo migratorio como Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.