One day after the United States warned its citizens about the dangers of traveling to the Middle East and northern Africa and, with France, Britain and Germnay's support, ordered the closure of a dozen embassies and consulates in those regions, Interpol issued a global alert about the possibility of terrorist attacks against western targets.
The revival of American and western fear and paranoia has a cyclical component: the recent escape of hundreds of prisoners — many of them charged with terrorism — from prisons in Iraq, Libya and Pakistan, with the probable support of al-Qaida. However, expressions of anti-American resentment that extend to countries and regions such as those mentioned converge with much deeper and diverse factors.
The first is the persistence of an aggressive, interventionist, militaristic and predatory foreign policy in Washington that worsened during the administrations of George W. Bush, after the attacks of Sept. 11, 2001. After these events, the Texas politician took his country on a military crusade in the name of justice that resulted in the devastation of two nations, Iraq and Afghanistan, and the compounding of insecurity and human rights violations in the world. The same policy continued in Pakistan, when the U.S. suspected that al-Qaida, the organization credited with the attacks of 9/11, operated north of that territory. The U.S. also recently reproduced this in Libya, with the supposed aim of "liberating" the country from the Muammar Gadhafi regime.
The invariable result of that policy has not been the pacification of the invaded and devastated nations but the multiplication and perpetuation of violence and a deepening of the anti-American and anti-West sentiments in these regions.
The common double standard of the Washington government in its treatment of various fundamentalists must be noted. In contrast to the persecution and the crusade launched by the White House against Islamic fundamentalism, the U.S. government has been characterized by its kindness to those who hold a wide influence on the design and implementation of Israel's military policy.
Moreover, the growth and operation of Islamic fundamentalist organizations meant to threaten U.S. and western targets is but a consequence of the collapse of institutional political alternatives, secular and religious, such as those that at the time represented the pan-Arab Baath party, the regimes arising from national liberation processes of the '60s and '70s, and, in addition, the Muslim Brotherhood in Egypt, which, after coming to power through a democratic process, was overthrown by means of a coup recently described by Washington as a "restoration of democracy." This collapse is explained by the action of local movements of discontent, as well as by the diplomatic and military interference of the United States.
The attacks on American embassies or any other country are reprehensible and undesirable because they undermine the immunity of diplomatic missions in the world and position themselves, consequently, as a factor dangerous to the already fragile international order. However, by basic congruence on par with the preventive measures that have been implemented, Washington and its allies would have to correct for the attitude and inertia that have led to the development of this climate of constant threats and violence.
EU: el cierre de embajadas y su contexto
Un día después de que Estados Unidos advirtiera a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar a Medio Oriente y el norte de África y ordenara el cierre de una veintena de sus embajadas y consulados en esas regiones –medida que fue secundada por Francia, Gran Bretaña y Alemania–, la policía internacional (Interpol) emitió una alerta mundial sobre la posibilidad de ataques terroristas contra objetivos occidentales.
La reactivación del temor y paranoia estadunidense y occidental tiene como componente coyuntural la reciente fuga de cientos de presos –muchos de ellos acusados de terrorismo– de prisiones en Irak, Libia y Pakistán, con el presumible apoyo de la organización Al Qaeda. No obstante, en las expresiones de encono antiestadunidense que se extienden en países y regiones como los mencionados convergen factores mucho más profundos y diversos.
El primero es la persistencia de una política exterior agresiva, injerencista, belicista y depredadora de Washington, que se acentuó durante los gobiernos de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001: luego de esos hechos, y con el pretexto de hacer justicia para las víctimas, el político texano embarcó a su país en una aventura bélica que se saldó con la devastación de dos naciones –Irak y Afganistán– y con una multiplicación de la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos en el mundo. La misma política se mantuvo en Pakistán, ante la sospecha de que Al Qaeda –la organización a la que se adjudican los ataques del 11-S– operaba al norte de ese territorio, y recientemente se reprodujo en Libia, con el supuesto fin de "liberar" a ese país del régimen de Muammar Kadafi.
El resultado invariable de esa política no ha sido la pacificación de las naciones invadidas y devastadas, sino la multiplicación y perpetuación de la violencia y la profundización de los sentimientos antiestadunidenses y antioccidentales en poblaciones y regiones enteras.
A lo anterior debe sumarse la doble moral común del gobierno de Washington en su trato hacia los diversos fundamentalismos. En contraste con la persecución y la cruzada emprendida por la Casa Blanca contra el integrismo islámico, ese gobierno se ha caracterizado por su benevolencia hacia quienes mantienen una amplia influencia en el diseño y aplicación de la política belicista de Israel.
Por otra parte, la proliferación y operación de organizaciones fundamentalistas islámicas, como las que supuestamente estarían amenazando objetivos estadunidenses y occidentales, no es sino consecuencia del colapso de alternativas políticas institucionales –sean laicas o confesionales– como las que representaron en su momento el partido panarabista Baaz, los regímenes surgidos de los procesos de liberación nacional de los años 60 y 70 del siglo pasado y recientemente la Hermandad Musulmana en Egipto, la cual, tras acceder al poder mediante un proceso democrático, fue derrocada por la vía de un golpe de Estado recientemente calificado por Washington como "restauración de la democracia". Ese colapso se explica tanto por la acción de movimientos locales de descontento, como por la intromisión diplomática y militar de Estados Unidos.
Las agresiones contra embajadas estadunidenses o de cualquier otro país son condenables e indeseables por cuanto atentan contra la inmunidad de las representaciones diplomáticas en el mundo y se erigen, en consecuencia, en un factor de peligro para el de por sí frágil orden internacional. No obstante, por elemental congruencia, a la par de medidas preventivas como las comentadas, Washington y sus aliados tendrían que corregir las actitudes e inercias que han derivado en la configuración de ese clima de constante amenaza y violencia.
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