In 2009, the United States Congress passed the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), more commonly known as the stimulus package. This stimulus consisted of $787 billion in public spending. A study by economists Garret Jones and Daniel Rothschild, recently published by the Mercatus Center, analyzed what happens when the theory of Keynesian economics is put into practice.
According to the Obama administration’s theory, the stimulus would “create or save” 3.5 million jobs in the two years that followed and would prevent the unemployment rate from going over 8.5 percent. In fact, they said that with the passage of the ARRA, unemployment would dip to 7.25 percent by the end of 2010. However, unemployment has remained at 9 percent or higher (except for two months) from August 2009 to August 2011.
The Keynesian theory tells us that public spending during a recession can have a “multiplier effect” in which a dollar of public spending rapidly increases the size of the economy by a dollar or more. The neoclassical theory tells us that jobs are simply transferred from the private sector to the public sector in such a way that there is no net increase in jobs. Jones and Rothschild assert that even though neither of these two characterizations is entirely accurate, there is one that is closer to reality.
The researchers interviewed managers and employees from hundreds of companies, nonprofit organizations and local governments that received funds from ARRA. Their study concludes: “Hiring isn’t the same as net job creation. In our survey, just 42.1 percent of the workers hired at ARRA-receiving organizations after Jan. 31, 2009, were unemployed at the time they were hired. More were hired directly from other organizations (47.3 percent of post-ARRA workers), while a handful came from school (6.5 percent) or from outside the labor force (4.1 percent)."
In some cases, the jobs financed through funds from ARRA would pay higher salaries, so many workers abandoned positions in the private sector to become part of the public sector.
In other cases, the pressure by the federal government to spend more quickly resulted in ridiculous cases, including one which concerned small tiles: A public contractor who installed tiles in public buildings said that he had planned to use regular four-inch tiles, but the government agency that contracted him required him to use smaller tiles in a more complicated color pattern. The contractor let them know that this would increase his costs by about 50 percent in terms of labor, but this was the only way that money from the ARRA could be spent more quickly.
In the majority of cases, the stimulus transferred employees from one organization to another instead of creating a net increase in jobs, and it did not efficiently use resources. Instead of increasing public spending, the economy would have been better off if the government had provided better incentives for people to invest more, creating new jobs and optimizing the allocation of resources.
En 2009 el congreso estadounidense aprobó la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos (ARRA), conocida popularmente como el paquete de estímulo fiscal. Este “estímulo” consistía de 787.000 millones de dólares de gasto público. Unos estudios de los economistas Garrett Jones y Daniel Rothschild, recientemente publicados por el Mercatus Center, han analizado lo que ocurre cuando se lleva el keynesianismo de la teoría a la práctica.
Según la teoría de la administración de Obama este programa “crearía o salvaría” 3,5 millones de empleos durante los próximos 2 años y evitaría que la tasa de desempleo se ubique por encima de 8,5%. De hecho, dijeron que con ARRA el desempleo disminuiría a 7,25% para fines de 2010. No obstante, el desempleo se ha mantenido en 9% o más con la excepción de 2 meses durante el periodo febrero 2009-agosto 2011.
La teoría de los keynesianos nos dice que el gasto público durante una recesión puede tener un “efecto multiplicador”, por el cual un dólar de gasto público aumenta rápidamente el tamaño de la economía en un dólar o más. La teoría neoclásica nos dice que los empleos simplemente son transferidos del sector privado al sector público de manera que no hay creación neta de empleos. Jones y Rothschild aseveran que aunque ninguna de estas dos caricaturas es completamente cierta, sí hay una que se aproxima más a la realidad.
Los investigadores entrevistaron a administradores y empleados de cientos de empresas, instituciones sin fines de lucro y gobiernos locales que recibieron fondos de ARRA. Su estudio concluye: “Contratar no es lo mismo que crear empleos netos. En nuestra encuesta, solamente 42,1% de los trabajadores contratados por organizaciones que recibieron fondos ARRA después del 31 de enero de 2009, estaban desempleados en el momento en que fueron contratados. Más de ellos fueron contratados directamente de otras organizaciones (47,3% de los trabajadores post-ARRA), mientras que una pequeña porción estaban estudiando (6,5%) o no formaban parte de la fuerza laboral (4,1%)”.
Como en varios casos los empleos financiados con fondos de ARRA pagarían salarios más altos, muchos trabajadores abandonaron posiciones en el sector privado para pasar a formar parte del público.
En otras ocasiones la presión del gobierno federal de que el gasto se realice rápidamente resultó en casos ridículos como aquel de las baldosas pequeñas. Un contratista público que instalaba baldosas en edificios públicos dijo que había planeado colocar baldosas tradicionales de cuatro pulgadas, pero la agencia del gobierno que lo contrató requirió que utilice baldosas más pequeñas y con una combinación más complicada de colores. El contratista advirtió que esto incrementaría sus costos –solamente en mano de obra en un 50%–. Pero de esta manera el dinero de ARRA se gastaría más rápido.
En la mayoría de los casos el estímulo transfirió empleos de una organización a otra en lugar de resultar en una creación neta de empleos y no derivó en el uso eficiente de los recursos. En vez incrementar el gasto público, la economía habría estado mejor si el gobierno hubiese mejorado los incentivos para que las personas inviertan más, creando empleos netos nuevos y optimizando la asignación de los recursos.
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